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José Muñoz fue una persona vinculada a la hacienda concejil de la Villa de Mazarrón durante el siglo XVII. La documentación conservada lo identifica como arrendador de la imposición que la villa cobraba sobre la venta de vino, carne y aceite, correspondiente al año económico 1625-1626. La unidad documental indica que las cuentas tomadas insertan cartas de pago, relacionadas con la justificación o liquidación de cantidades vinculadas a dicha imposición.

Pedro García de Heredia fue una persona vinculada a la hacienda concejil de la Villa de Mazarrón durante el siglo XVII. La documentación conservada lo identifica como arrendador de la Renta de la Mar durante el año económico 1628-1629. Por dicha responsabilidad económica se le tomaron cuentas, y la unidad documental indica que se insertan recibos de pago, relacionados con la justificación o liquidación de cantidades vinculadas a dicha renta.

Pedro Muñoz Ballesta fue una persona vinculada a la hacienda municipal de Mazarrón en el primer tercio del siglo XIX. La documentación lo identifica como uno de los rematantes de los derechos de 5 reales en arroba de aceite, 8 reales en arroba de aguardiente y 4 reales en arroba de vino, junto con Blas Fernández.

En 1823 se instruyó un expediente a instancia de Pedro Muñoz Ballesta y Blas Fernández para solicitar que se les exonerase de las obligaciones contraídas como rematantes de dichos derechos.

Vicente Jorquera fue una persona vinculada a la hacienda municipal de Mazarrón. El 20 de septiembre de 1857 aparece documentado junto con José García Sánchez en un expediente instruido para su nombramiento como recaudadores del arbitrio sobre el esparto.

Francisco Navarro Vivancos fue un obrero mecánico vinculado a la minería de Mazarrón. En mayo de 1936, tras el contrato de subarriendo de las explotaciones mineras entre la Sociedad de Explotación de las Minas de Hierro de Bédar y la Comunidad de Obreros Mineros de Mazarrón, se situó al frente de la explotación como presidente de la comuna obrera. La fuente consultada indica que junto a él se formó una directiva integrada por miembros de la CNT y la UGT, con Joaquín Martínez Vicente como secretario, Antonio Campos Soler como contador, Antonio Montiel Sánchez como tesorero, y Miguel Rubio Álvarez, Francisco Toledo Pérez y Félix García Muñoz como vocales.

En el Archivo Municipal de Mazarrón aparece como punto de autoridad bajo la forma “Navarro Vivancos, Francisco” y está vinculado a documentación de la Comunidad de Obreros Mineros de Mazarrón, especialmente a una declaración jurada sobre la propiedad de un torno mecánico presentada por él como presidente de dicha comunidad.

La bibliografía reciente sobre patrimonio y minería en Mazarrón señala que en 1938, con la creación del Consejo de Empresa de las Minas de Mazarrón, Francisco Navarro Vivancos ya se había convertido en una figura clave por su origen obrero y por su labor para sostener las explotaciones. En la orden de constitución del Consejo de Empresa se menciona que auxiliaba la dirección técnica junto al ingeniero Domingo Morales López, bajo la intervención estatal de Victoriano Bruno Palomo y Zamorano.

Andrés Muñoz Megías aparece documentado en el Archivo Municipal de Mazarrón en relación con la minería local, concretamente en un contrato de subrogación del arrendamiento de la terrera de la mina Talía, en el que figuran también Juan Miguel García García y Pedro Navarro Acosta.

La documentación localizada lo vincula, por tanto, a una relación contractual o económica relacionada con la terrera de la mina Talía, explotación minera asociada al distrito minero de Mazarrón. En las fuentes accesibles no se ha localizado fecha exacta del contrato ni datos biográficos suficientes para precisar nacimiento, muerte, vecindad u oficio.

Juan Miguel García García aparece documentado en el Archivo Municipal de Mazarrón en relación con la terrera de la mina Talía, mediante un contrato de subrogación del arrendamiento en el que también figuran Pedro Navarro Acosta y Andrés Muñoz Megías. El portal del archivo lo identifica como creador de la unidad documental compuesta.

La documentación lo vincula a una relación contractual minera, no a un cargo público ni a una institución administrativa. La información accesible no permite precisar su oficio, vecindad, fechas vitales ni trayectoria completa.